“Hay muchas áreas en las que aún se registran importantes incumplimientos de los derechos de las personas con discapacidad”
Antonio Jiménez Lara, sociólogo y antropólogo social, se ha especializado en el análisis y evaluación de políticas sociales en las áreas de discapacidad y envejecimiento. También es coordinador del Informe Olienza, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad, y experto en la gestión de datos.
– ¿Cuáles son los avances en la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU?
El balance global de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy positivo. Hasta la fecha, 179 países y organizaciones regionales de integración han ratificado la Convención, que se ha incorporado con fuerza de ley a sus respectivos ordenamientos, y 95 su protocolo facultativo, por el que los Estados parte se comprometen a reconocer la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para examinar quejas de individuos o grupos que consideren que sus derechos han sido violados.
En los países que han ratificado la Convención se ha observado un aumento considerable de disposiciones legislativas contra la discriminación por motivos de discapacidad. Los informes que periódicamente presentan los Estado parte al Comité evidencian progresos, pero también importantes carencias: se ha avanzado en la satisfacción de derechos, pero mucho menos de lo que cabía esperar, debido a que la sociedad en general todavía desconoce la Convención, a que el discurso político y jurídico sigue, en muchos casos, anclado en el “modelo médico”, y a que, aunque las normas van cambiando, no siempre se dotan los recursos que permiten aplicarlas. Por ello, es necesario seguir luchando cada día, pues, como ha afirmado la Relatora Especial para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Catalina Devandas “las conquistas sociales sólo se alcanzan allí donde hay personas luchando y protagonizando esas conquistas”.
-¿Y en el caso de España?
En España, el balance de aplicación de la Convención también presenta aspectos positivos y negativos. Entre los primeros cabe destacar el esfuerzo de adaptación de nuestro ordenamiento a la Convención, que se concretó en la aprobación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto de 2011, de adaptación normativa a la Convención, y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (aprobada por Real Decreto Legislativo núm. 1/2013), así como la adopción de importantes medidas positivas en los sectores de la salud, la vivienda y el empleo, entre otros. Más recientemente, cabe destacar la universalización del derecho al voto, que ha acabado con la discriminación que sufrían muchas personas con discapacidad intelectual y psicosocial, la inclusión de cláusulas sociales y la prohibición de contratar a empresas que no cumplan con la cuota de empleo de personas con discapacidad en la Ley de Contratos del Sector Público, y el fortalecimiento de las garantías procesales de las personas con discapacidad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el proceso de adaptación de nuestra normativa a la Convención no se ha completado, y quedan pendientes aspectos importantes, como la necesaria modificación del Código Civil para pasar del actual sistema de sustitución de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones.
.-¿Cuáles son los principales retos?
Hay muchas áreas en las que aún se registran importantes incumplimientos de los derechos de las personas con discapacidad, y entre ellas destacan las de accesibilidad universal, inclusión educativa y protección contra la violencia, la explotación y el abuso de las personas con discapacidad. Por otra parte, a pesar de que el ciclo económico está actualmente en una fase de crecimiento, no se han revertido los recortes en derechos, prestaciones y apoyos que se produjeron como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de austeridad adoptadas al principio de la presente década.
.-¿Cómo avanza la recopilación de datos sobre la situación de las personas con discapacidad en España?
Es necesario un mayor avance en lo que concierne a la disponibilidad de información estadística y datos desglosados sobre las personas con discapacidad que puedan ser tenidos en cuenta al planificar y evaluar las políticas públicas. Hay una gran carencia de información estadística y datos desglosados sobre las barreras a las que se enfrentan las personas con discapacidad y sobre las violaciones de sus derechos humanos, que incluyen la violencia de género, los tratamientos forzados, los internamientos no voluntarios, el uso de medios de contención mecánica y otras formas de coerción en los servicios de salud mental. Por todo ello, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha recomendado a España que:
- Elabore procedimientos sistemáticos de recopilación de datos y presentación de información en relación con las personas con discapacidad que sean conformes con la Convención y con el minicuestionario sobre discapacidad del Grupo de Washington
- Recopile, analice y difunda datos desglosados sobre la situación de las personas con discapacidad y sobre las barreras que encuentran en la sociedad.
- Cree un registro en el que sea obligatorio hacer constar todos los casos de tratamiento forzado, internamiento no voluntario, uso de medios de contención mecánica, medicación forzada y aplicación de terapia electroconvulsiva en las instalaciones de salud mental.
- Vele por que las organizaciones de personas con discapacidad participen en la concepción de los procedimientos de recopilación y análisis de los datos.
– ¿Como puede la transformación digital aumentar la integración de las personas con dependencia?
La transformación digital, entendiendo como tal los cambios asociados a la aplicación de la tecnología digital en todos los ámbitos de la sociedad, abre importantes oportunidades para la inclusión, pero también supone algunos riesgos.
En lo que se refiere a los servicios de atención a la dependencia, es claro que las innovaciones tecnológicas permiten una mayor calidad de la prestación, que redunda en una mejor calidad de vida y en mayores niveles de inclusión de las personas con dependencia. Un ejemplo claro es el desarrollo de los servicios de teleasistencia, que hacen un uso intensivo de la tecnología de la información y las comunicaciones. Otro ejemplo es la atención sanitaria, donde ya están en marcha muchas innovaciones orientadas al diagnóstico, la monitorización o el tratamiento de pacientes crónicos.
.-¿Qué papel juega la ciudadanía en este proceso?
La transformación digital está permitiendo también que las personas asuman un papel más activo en el cuidado de su salud y en el mantenimiento de su autonomía. Las nuevas herramientas digitales están empoderando a los pacientes. Los foros de opinión, los directorios de recursos, las plataformas de acceso a servicios de salud, sociales y de bienestar, las aplicaciones para la monitorización y el control de las constantes vitales (glucosa, tensión, ritmo cardíaco…) y los servicios de teleconsulta o atención remota forman ya parte del día a día de ciudadanos y pacientes, favorecen su independencia y hacen posible que adopten un papel cada vez más activo en su propio cuidado. Las nuevas tecnologías también proporcionan valiosos medios para asegurar la coordinación y la eficiencia necesarias para hacer posible una atención integrada y centrada en la persona.
Sin embargo, existen factores que están limitando las posibilidades de aplicación de la tecnología. Entre ellos cabría citar la resistencia al cambio, el escepticismo ante la acogida de las nuevas tecnologías por las personas dependientes, la falta de inversión y la incertidumbre ante la privacidad y seguridad de los datos.
– ¿Cuál es la penetración de las TIC entre el colectivo de personas con discapacidad?
Los estudios existentes sobre acceso y uso de las TIC por las personas con discapacidad concluyen que la penetración de estas tecnologías entre el colectivo es menor que en la población general, sobre todo en lo que se refiere al uso del ordenador, siendo menor la diferencia en lo que se refiere al uso del teléfono móvil. Sin embargo, las personas con discapacidad no son un grupo homogéneo en lo que se refiere al uso de las TIC, pues entre ellas, al igual que ocurre entre la población general, la edad, la formación y los ingresos marcan grandes diferencias, de manera que cuanto más jóvenes, más formados y con más ingresos, mayor es el uso que hacen de las nuevas tecnologías. También se observan diferencias relacionadas con el tipo de discapacidad, siendo la penetración mayor entre las personas con discapacidad auditiva, y la menor entre las personas con discapacidad visual, debido, en este caso, sobre todo a la falta de accesibilidad de los dispositivos.
-¿Puede la brecha tecnológica convertirse en un problema en un entorno cada vez más digitalizado?
Las principales barreras que limitan el uso de las TIC por parte de las personas con discapacidad son la falta de competencias digitales (sobre todo entre las personas de mayor edad y menor nivel formativo), la accesibilidad y la asequibilidad de los equipos. Para evitar que la brecha digital se convierta en un problema para las personas con discapacidad en un entorno cada vez más digitalizado, hay que redoblar los esfuerzos para promover la alfabetización digital, sobre todo entre las personas con discapacidad de mayor edad, seguir mejorando la accesibilidad de los dispositivos y desarrollar iniciativas para permitir su adquisición a un costo razonable por parte de las personas con discapacidad.
Se ha avanzado en la satisfacción de derechos, pero mucho menos de lo que cabía esperar, debido a que la sociedad en general todavía desconoce la Convención de la ONU
Para sentar las bases de una gestión profesional de los datos que dé visibilidad al sector de la discapacidad física y orgánica y capacidad de influencia, ven al Congreso sobre el derecho a la autonomía personal