“La autonomía personal solo se puede ejercer a partir del empoderamiento”
Doctor en Psicología y especialista en Psicología Clínica, Salud Mental, Adicciones y Calidad Asistencial, Angel Gil cuenta con gran experiencia en las áreas de gestión y planificación pública de los servicios sociales y sociosanitarios. Ha sido subdirector general de programación y evaluación y director del programa de atención a las personas con dependencias de la Generalitat de Catalunya. Desde 2007, colabora con el Instituto Guttmann, donde ha desarrollado responsabilidades como coordinador de programas sociales y sociosanitarios e investigación social y, actualmente como asesor en el campo social de la discapacidad. Comparte con nosotros su visión sobre la autonomía personal.
-¿Qué importancia tiene la autonomía personal para las personas con discapacidad?
La autonomía personal tiene que ver con la propia naturaleza de todos los seres humanos y es consustancial al sentimiento de dignidad de las personas. La dignidad es un elemento constituyente de la identidad de las personas y como elemento constituyente se puede tanto favorecer como debilitar. Queremos decidir por nosotros mismos sobre nuestra vida, no deseamos depender de otros, deseamos ser independientes. Las situaciones de falta de autonomía, de dependencia, de impotencia, hacen que nuestra dignidad se pierda. Es por tanto una necesidad fundamental y, de ahí, que el derecho a la autonomía personal sea un derecho recogido en distintas disposiciones internacionales. En el caso de las personas con discapacidad por la Convención de 2007 de la ONU.
Pero no nos podemos quedar aquí. Quedarnos aquí sería como empezar a tener un discurso bonito, pero poco práctico. Por una parte, se necesita un contexto social que facilite la autonomía y, por otra, tienen que existir unas condiciones o capacidades de poder ejercer este derecho: la autodeterminación. Entendida como la capacidad de poder elegir, de poder tomar decisiones y controlar tu vida. En definitiva, realizar tu proyecto de vida de la forma que tú elijas, de manera similar a cualquier otra persona.
En el caso de las personas con discapacidad, ejercer el derecho de autonomía personal no es una cuestión de privilegio, es una cuestión de derechos humanos porque existe un conjunto de factores, de barreras sociales y personales que limitan la posibilidad de ejercerlo.
La autodeterminación es un tema muy complejo, porque desde el punto de vista cognitivo, se necesita una cierta regulación de nuestra conducta para poder ejercerla. Es decir, necesitamos unas creencias positivas sobre nuestra capacidad de actuar; sentir que podemos hacerlo y saber que seremos capaces, así como un cierto nivel de conciencia de nuestros propios límites y los del entorno. El problema es que muchas personas con afectaciones cognitivas, trastornos de la conducta o afectaciones intelectuales severas tienen dificultades para autodeterminarse.
-¿Qué conclusiones podemos extraer?
Que la autonomía personal es un elemento fundamental de la propia persona y que tiene que ser propiciado por el entorno y la sociedad. Es un proceso, por tanto, de empoderamiento. Si yo quiero y tengo esas condiciones de las que hablaba, esas creencias positivas sobre mi capacidad, unos límites sobre mi entorno, una cierta capacidad de autorregulación… tendré bastantes probabilidades de poder autodeterminarme, ejercer mi autonomía personal y ser consciente de ello. Pero incluso con severas limitaciones se puede respetar la autonomía personal realizando determinadas formas de apoyo (de ahí los planteamientos desde la Ética aplicados a los sistemas de apoyo y cuidado).
El tema del empoderamiento tiene que ver con reconocer las competencias de la persona con discapacidad, con la existencia de una amplia oferta de servicios y de apoyo que incluyan prestaciones económicas y las llamadas tecnologías de empoderamiento y participación.
-¿Qué medidas son necesarias?
La estrategia para facilitar el empoderamiento se basa en la capacidad de los profesionales, y aquí es donde debe haber un cambio fundamental, un cambio de aproximación para ayudar a la toma de decisiones según las preferencias de la persona con discapacidad. Y en el caso de que haya fracciones cognitivas muy severas, puede ser un proceso muy crítico. No se trata de asistir supliendo, sino de facilitar. Esto implica cambios a nivel de formación, y cambios a niveles curriculares. Pero también, los sistemas de apoyos que faciliten que sea la persona la que pueda elegir y ello choca con las actuales carteras de servicios y gestión de las administraciones y entidades prestadoras. Además, la sociedad tiene que estar orientada a incluir la diversidad y facilitar la igualdad de oportunidades.
-¿Cuál es la problemática en la implantación del derecho de la autonomía personal?
Hay varias problemáticas. Primero debemos intentar que el tema de la diversidad humana sea integrado en la sociedad, de una forma habitual. Por ejemplo, en el tema de la accesibilidad física, cada vez hay más leyes. Las ciudades van cambiando, pero sería importante que los ritmos de cambio fueran algo más rápidos. El objetivo es que esta implantación se realice de manera habitual, normalizada. Por eso hay que vivirlo con naturalidad e incorporarlo al discurso social.
Hablamos también de las Administraciones Públicas, dónde el problema principalmente es financiero, pero también de conocimiento y de liderazgo. Por ejemplo, el tema de la asistencia personal, que está esbozada e incluida en la Ley de Dependencia del año 2006, se realiza de una forma precipitada y hay muchas dificultades para desarrollarla, presupuestarias, pero también de conocimiento y en temas legales. Esto es un hándicap importante del mismo modo que los hay en el tema de la vivienda, ya que no hay suficientes viviendas sociales, y la vivienda es fundamental.
-¿Cuáles son las líneas de futuro para mejorar la autonomía personal?
La Ley de Dependencia, en un contexto de decisión política y de oportunidad, era una ley enfocada en las personas mayores específicamente. Después lo que ocurrió es que los diferentes colectivos debían estar cubiertos.
Es necesario que las administraciones se modernicen, que se modernicen las carteras de servicios y que se incrementen las prestaciones y los presupuestos que se asignan a las personas. Además, que se reconozca a las entidades que tienen una economía social. Posiblemente, se necesite una norma o pacto muy transversal entre ámbitos sociales, privados, organizaciones de usuarios y las administraciones públicas, que oriente la acción de las políticas durante al menos una década.